El crimen, la prisión y la inseguridad en el país fueron los temas de análisis y discusión por parte de altos funciones del Ministerio Público, como los fiscales generales adjuntos, así como los agentes fiscales y otros funcionarios en el marco de la presentación de los resultados de dos investigaciones: “La inseguridad en Paraguay. Una mirada desde las víctimas” y “La Prisión preventiva y su incidencia en tratos contrarios a la Convención contra la Tortura”. Estas investigaciones fueron realizadas por el INECIP y la Universidad Nacional de Pilar (UNP) con el co financiamiento del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT).

La socialización se realizó a instancias de la fiscal general del Estado, Abog. Sandra Quiñónez, quien en una presentación anterior había solicitado la difusión entre los demás integrantes del Ministerio Público, y estuvo a cargo de los investigadores Juan A. Martens, Roque A. Orrego y Víctor Ríos. La actividad se desarrolló entre las 10:30 y las 12:30, en el local del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP), en Asunción.

Los resultados indican que los índices de homicidio descendieron más del 30% entre 2010 y 2017, ubicando al país con una tasa nacional de 8,63 asesinatos cada cien mil personas, pero con algunos bolsones con muy altos números tales como Amambay, Canindeju, Alto Paraguay y otros, que tienen en común la frontera con Brasil. Con relación a los hechos punibles contra la propiedad, se registra una tendencia ascendente, pero leve.

A su vez, la victimización en 2017 afectó al 36% de la población paraguaya, lo que en números se traduce a unas dos millones quinientas mil personas. En tanto que la denuncia de estos delitos es apenas del 31%. De esta manera, la mayoría de los delitos que afectan a las personas quedan en la cifra oscura de la criminalidad o en el sub registro.

Sin embargo, el miedo al delito y la creencia del aumento de la delincuencia afecta a más del 97% de la población, lo que en algunas regiones como Asunción y Central sube aún más llegando incluso al 98,5%. Con estas cifras la población nacional vive en un pánico moral, es decir, una alta inseguridad subjetiva que provoca cambios de hábitos y erogaciones económicas. Precisamente, el año pasado las industrias del control de miedo, aquellas que tienen como materia prima de su negocio el miedo ciudadano, movieron más de 1300 millones de dólares.

Este pánico moral no solo restringe la posibilidad del ejercicio de derechos ciudadanos sino que deslegitiman  a las instituciones democráticas, poniéndolas en riesgo. Así mismo, una población temerosa acoge con más facilidad discursos populistas y autoritarios.

La ronda de presentaciones seguirá este jueves 20, a las 18:00, en la biblioteca del Congreso de la República. En esta oportunidad se entregará una copia del informe final de manera gratuita a los asistentes.